Una reforma tributaria que contribuya a los fines del desarrollo sostenible y la justicia social tiene que ser progresiva, alineada con la lucha contra el cambio climático y fortalecer a los gobiernos subnacionales.
Basado en estos principios, planteamos 8 propuestas para reformar impuestos sobre la renta y la propiedad a nivel federal y subnacional y fortalecer el potencial de recaudación de los impuestos ambientales.
Modificar los tramos y las tasas impositivas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (ISRF), aumentando la tasa máxima y reestructurando los umbrales del impuesto para lograr un ascenso más progresivo de las tasas.
Reducir las exenciones y deducciones que se aplican al ISRF, particularmente para personas de alto ingreso, estableciendo un límite de ingresos más allá del cual una persona no puede acceder a los beneficios fiscales.
Reducir los privilegios asociados con los ingresos de capital, nivelando las tasas impositivas sobre el trabajo y las ganancias de capital y eliminar la exención de grandes herencias en el pago de impuestos sobre la renta de personas físicas.
Fortalecer la capacidad administrativa de los gobiernos locales para recolectar el predial, promoviendo el uso de las tecnologías de la información, mejorando los sistemas catastrales y homogeneizando los sistemas de cálculo y pago de los impuestos.
Transformar la tenencia en un impuesto verde sobre la propiedad de un automóvil y fortalecer su potencial de ingresos, incluyendo las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes locales en el cálculo de la tasa impositiva.
Explorar la posibilidad de gravar la circulación de jets y yates privados y otros vehículos de lujo y altas emisiones, por ejemplo, mediante una sobretasa aplicada a la tenencia de estos vehículos, o cuotas por trayecto.
Reducir el número de exenciones en el IEPS al carbono y aumentar gradualmente el precio subyacente por tCO2 hacia los niveles que ya se aplican en versiones subnacionales del impuesto al carbono en México.
El objetivo de aumentar los ingresos públicos es construir un Estado capaz de proteger los derechos de las personas, reducir desigualdades y promover un desarrollo sostenible. Pero: un simple aumento de los ingresos sin controles y transparencia eleva también los riesgos de malgasto.
Hasta la actualidad, la falta de controles por parte del Legislativo ha permitido que los gobiernos manejen recursos con base en criterios políticos o ideológicos, eliminen programas que beneficien a sectores vulnerables y permitan que proyectos con escasos beneficios sociales consuman recursos que podrían estar financiando educación, desarrollo infantil, o programas de salud.
Por esto mejorar los procesos de toma de decisiones en la planificación y ejecución de los recursos públicos es tan importante como aumentar los ingresos públicos. Esto implica fortalecer la intervención del Poder Legislativo, asegurar que los recursos públicos financien programas y proyectos que mejoren la calidad de vida de la población, y priorizar el financiamiento de derechos y bienes o servicios públicos de calidad.
Conoce nuestras 5 propuestas para crear un marco presupuestario más democrático y transparente: