1/5
El derecho a vivir en paz, a la seguridad y a los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, sólo pueden hacerse realidad con un Estado capaz y con presupuesto suficiente para brindar, por ejemplo, educación y salud de calidad, crear un sistema de pensiones dignas, policías locales capacitadas, o mantener un poder judicial funcional.
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También para promover un crecimiento económico justo se necesita un Estado que pueda proporcionar infraestructura vial, energética e hídrica, formar nuevas generaciones de profesionistas, y de implementar mecanismos para que el crecimiento económico no solo beneficie a unos pocos, sino que sea incluyente.
3/5
Para la protección de nuestro medio ambiente necesitamos un Estado capaz de crear regulaciones, incentivos e infraestructura que nos permitan transitar a formas de una convivencia más respetuosa con los ecosistemas.
4/5
El Estado pobre que tenemos dista mucho del que necesitamos. México recauda menos impuestos que cualquier otro país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): apenas 17.3% de su Producto Interno Bruto (PIB) en 2022. Se ubica muy por debajo no solo de países de alto ingreso, sino también de los otros países latinoamericanos como Colombia y Chile. Este Estado pobre ha limitado históricamente la capacidad de los gobiernos para proteger derechos, reducir desigualdades y promover un desarrollo sostenible.
5/5
Para hacer realidad el futuro que queremos, debemos abandonar esta tendencia de finanzas públicas precarias y combatir la gran concentración de la riqueza y el ingreso en México, donde el 1% más rico posee alrededor del 41.2% de la riqueza (CEPAL, 2023). Tenemos un gran potencial para aumentar los ingresos públicos a través de una reforma fiscal progresiva que no afecte ni a la clase media ni a los pobres sino a las personas más ricas de nuestra sociedad. Nuestro sistema fiscal actual les privilegia con beneficios y exenciones fiscales, no distribuye la riqueza y aporta a la desigualdad.
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El derecho a vivir en paz, a la seguridad y a los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, sólo pueden hacerse realidad con un Estado capaz y con presupuesto suficiente para brindar, por ejemplo, educación y salud de calidad, crear un sistema de pensiones dignas, policías locales capacitadas, o mantener un poder judicial funcional.
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También para promover un crecimiento económico justo se necesita un Estado que pueda proporcionar infraestructura vial, energética e hídrica, formar nuevas generaciones de profesionistas, y de implementar mecanismos para que el crecimiento económico no solo beneficie a unos pocos, sino que sea incluyente.
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Para la protección de nuestro medio ambiente necesitamos un Estado capaz de crear regulaciones, incentivos e infraestructura que nos permitan transitar a formas de una convivencia más respetuosa con los ecosistemas.
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El Estado pobre que tenemos dista mucho del que necesitamos. México recauda menos impuestos que cualquier otro país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): apenas 17.3% de su Producto Interno Bruto (PIB) en 2022. Se ubica muy por debajo no solo de países de alto ingreso, sino también de los otros países latinoamericanos como Colombia y Chile. Este Estado pobre ha limitado históricamente la capacidad de los gobiernos para proteger derechos, reducir desigualdades y promover un desarrollo sostenible.
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Para hacer realidad el futuro que queremos, debemos abandonar esta tendencia de finanzas públicas precarias y combatir la gran concentración de la riqueza y el ingreso en México, donde el 1% más rico posee alrededor del 41.2% de la riqueza (CEPAL, 2023). Tenemos un gran potencial para aumentar los ingresos públicos a través de una reforma fiscal progresiva que no afecte ni a la clase media ni a los pobres sino a las personas más ricas de nuestra sociedad. Nuestro sistema fiscal actual les privilegia con beneficios y exenciones fiscales, no distribuye la riqueza y aporta a la desigualdad.
