Proponen AJF y SUR fortalecer impuestos saludables para aumentar 25% el presupuesto de salud de población sin seguridad social

• • El cuadernillo “Propuestas de Impuestos Saludables: por más derechos y cuidados en México” plantea reformas a los impuestos a tabaco, alcohol y emisiones contaminantes, y un etiquetado que garantice su uso en mejoras al sistema de salud.

25/08/2026.- Si una parte del dinero que se recauda por Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a productos dañinos para la salud se etiquetara para destinarla específicamente a IMSS-Bienestar, podría incrementarse casi 25% (76.3 mil millones de pesos) el presupuesto para la atención de la salud de personas sin seguridad social, de acuerdo con uno de los planteamientos presentados este martes por la Alianza por la Justicia Fiscal (AJF) y el Instituto del Sur Urbano (SUR) en el cuadernillo “Propuestas de Impuestos Saludables: por más derechos y cuidados en México”.

Específicamente si se dedicara el 70% de la recaudación con la que se queda la administración federal por impuestos a alcohol, cerveza, tabaco, bebidas azucaradas, energizantes, alimentos no básicos y juegos, sería un monto mayor a 152 mil millones de pesos que, de acuerdo con la propuesta, también podría incrementar 38% (61.04 mil millones de pesos) el presupuesto del Sistema Nacional de Cuidados, fundamental para que el Estado asuma corresponsabilidad en el cuidado de personas enfermas, una tarea que recae desigualmente sobre las mujeres.

El documento plantea 16 propuestas concretas de reformas a cómo se cobran impuestos y derechos sobre productos dañinos para la salud y la calidad de vida de las personas, y sobre cómo se gastan, ya que actualmente los montos son insuficientes para cubrir sus consecuencias, además de que México invierte en salud menos del 3% de su Producto Interno Bruto (PIB), cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda destinar cerca 6%.

Como muestra, el tabaquismo provoca más de 63 mil 200 muertes anuales en México y atender sus consecuencias médicas directas le cuesta al Estado 152 mil millones de pesos al año y más de 93 mil 404 millones de pesos en costos indirectos (discapacidad, muerte prematura y pérdida de productividad laboral) ; sin embargo, en 2025 solo se recaudaron 50 mil millones en impuestos a tabaco, lo que significa que por cada peso recaudado, se pierden 4.90 pesos. En el caso del alcohol, se relaciona a 39 mil fallecimientos anuales y costos por 552 mil millones de pesos, mientras que por impuestos llegaron a las arcas públicas 74 mil millones; de modo que por cada peso recaudado las pérdidas ascienden a 9.50 pesos.

La AJF y SUR proponen  simplificar la estructura del IEPS y aumentar la cuota específica a valores que permitan a Hacienda recaudar ingresos adicionales y disminuir el volumen del mercado del tabaco de manera contundente.
También se recomiendan aumentos por licencias sanitarias y estampillas para la industria tabacalera, así como permisos especiales para la venta minorista de cigarros, ya que actualmente 96.92% de las escuelas de educación básica se ubican a menos de 270 metros de un punto de venta potencial de tabaco, sin ningún tipo de regularización. 

En cuanto a las bebidas alcohólicas, se propone incrementar el costo de los derechos de operación de la industria, de modo que refleje el verdadero costo social por los daños que causa; armonizar las bases mínimas para el cobro de impuestos estatales y derechos municipales aplicables a la compraventa de bebidas alcohólicas; y reestructurar el impuesto actual, de modo que se cobre una cuota sobre el contenido alcohólico diferenciado por tipo de bebida (cerveza, vinos y destilados) y no sobre su precio de venta. Un impuesto específico, eliminando el componente sobre precio, de 40, 50 y 60 centavos por litro de alcohol puro, según el tipo de bebida, podría recaudar 16 mil millones de pesos más que en 2025.

Por último, las organizaciones plantean que es necesario considerar como impuestos a la salud también los que sirvan para gravar las emisiones de carbono que producen contaminación, ya que causan enfermedades respiratorias y el cambio climático además incide en el aumento de enfermedades tropicales desatendidas (ETD), como el dengue, que en 2024 provocó un brote sin precedentes en México de más de 500 mil casos.

El precio actual del impuesto al carbono en México es de los más bajos del mundo, de solo 3.5 dólares por tonelada de CO2. La propuesta es aumentarlo gradualmente a entre 40 y 185 dólares hacia 2030, y eliminar la exención del gas natural. Estos recursos se propone etiquetarlos para proyectos de adaptación climática, con perspectiva interseccional.

Otro impuesto con potencial para compensar a la sociedad por daños a su salud es la tenencia, ya que mientras que más de 46 mil muertes anuales en el país están asociadas a la exposición a partículas PM2.5, el parque vehicular creció 129% entre 2007 y 2024, pero el cobro se tenencia disminuyó 39.8% y actualmente solo se aplica en 13 de los 32 estados. La propuesta es recuperarlo mediante una Ley General de Tenencia que agregue un componente ecológico diferenciado por emisiones, el cual se calcula que permitiría a los estados recaudar hasta 98 mil 966 millones de pesos para invertirlos en transporte masivo de bajas emisiones y en alternativas de movilidad.

La Alianza por la Justicia Fiscal la integran organizaciones civiles y académicas que buscan promover la agenda de la justicia fiscal en México para generar espacios de diálogo y acción en materia de recaudación, gasto público y redistribución de los recursos. Forman parte el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la Fundación Friedrich-Ebert, Fundar – Centro de Análisis e Investigación, el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig), México Evalúa, Oxfam México y el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo (PUED-UNAM). Este cuadernillo de propuestas se elaboró además en colaboración con el Instituto del Sur Urbano (SUR).

 

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